martes, 16 de octubre de 2018

La Guerra del Gas: la victoria de la nación boliviana sobre la oligarquía chilena y el poder transnacional

- La Guerra del Gas no sólo nos salvó de un enclaustramiento definitivo, del saqueo inmisericorde de nuestro recurso energético y de la inviabilidad como nación, si no nos dio un horizonte nacional que perdura: La Agenda de Octubre que aún está inconclusa y hoy a todas luces se ve que fue traicionada por el régimen plurinacional y la oposición.



Nelson Vila Santos

Puede parecer para muchos una afirmación sacada de contexto, arriesgada y forzada, pero la realidad de los hechos de octubre de 2003, a la luz de la reflexión de la sabiduría popular y de sus intelectuales, durante estos 15 años de la Guerra de Gas, fortalecen esta proposición: La Guerra del Gas es la victoria de la nación boliviana sobre Chile, pero específicamente sobre los planes de la oligarquía mapochina fundida a los intereses transnacionales.  

Esta idea aflora con fuerza tras la catastrófica derrota que los gobernantes bolivianos de ayer y de hoy sufrieron en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) frente a Chile. Este hecho nos obliga a preguntarnos: ¿En qué momento de la historia, las clases dominantes salieron victoriosas ante los intereses de la oligarquía chilena y las transnacionales después de la guerra del Pacífico? En concreto, la cancillería chilena se impuso en todo momento, desde el tratado de 1904 hasta la fecha, no pudimos arrancarle ni siquiera un puerto soberano sobre el Pacífico, aunque no debemos desmerecer los esfuerzos aislados de algunos patriotas que consiguieron romper el esquema de la política internacional del país vecino pero con muy poco efecto.

Desde la Guerra del Pacífico hasta hoy, las clases dominantes bolivianas no sólo fueron derrotadas por su ineficacia e inoperancia estratégica, en la capitulación también se destila el ingrediente de la traición para la continuidad del enclaustramiento, e incluso nos debilitemos como nación hasta límites desconocidos.

La derrota ante La Haya hoy tiene al frente un actor fundamental, a los forjadores del Estado Plurinacional (tanto internos como externos) que sin mediar ninguna consideración histórica, social, económica, geopolítica ni científica, embarcaron a los bolivianos en la nave de un falso triunfalismo. Para que la escena mediática tenga credibilidad y reflote el discurso de la unidad nacional, ante un esquema gubernamental que se caía a pedazos entonces y que hoy continúa en ese mismo camino, salieron al rescate los ex gobernantes del periodo neoliberal y sus ex cancilleres, para darle sentido de realidad al discurso de la unidad.

Ellos creyeron o les hicieron creer, entre los crédulos también se incluye al actual Jefe de Estado, que el fallo de la corte sería políticamente correcto y equilibrado, y así podrían reestablecer su maltrecha imagen, retornar al ruedo político-electoral y recobrar la confianza ciudadana que tanto añoran para disfrutar de las mieles del poder. No sucedió. La derrota engulló al viejo esquema de poder neoliberal y a sus herederos, hoy en el poder. Para soslayar esa catastrófica derrota, embarcan hoy a la nación boliviana a un ruedo electoral apresurado, de una forma tan desesperada e improvisada que no consiguen apasionar al pueblo.

Frente a esa demoledora derrota, no sabemos si por ineficiencia o por traición, emerge en la memoria de la ciudadanía la Guerra del Gas pero con una certeza indiscutible: fue la victoria de la nación boliviana sobre los intereses oligárquicos chilenos y transnacionales. El epicentro de ese desigual enfrentamiento por la defensa de la heredad nacional se vivió en la valerosa ciudad de El Alto y luego despertó a todo el país y sus clases medias, que al unísono pidieron la nacionalización del gas, su industrialización, la recreación de la estatal operativa YPFB y el beneficio para los bolivianos de ese preciado energético, ideas reunidas en la denominada Agenda de Octubre.

Con el pueblo alteño al frente a costa de su más preciado bien: La vida, la nación boliviana se opuso con contundencia al proyecto de exportación del gas a México y Estados Unidos por Chile y para la oligarquía chilena y sus aliados extranjeros. Este proyecto tenía la aprobación de la cúpula de los partidos políticos neoliberales de entonces con una sumisión neocolonial, había aceptado al unísono, sin condolerse por el interés y futuro nacional. Asimismo, los cocaleros del Chapare habían llegado a un acuerdo secreto con el gobierno de Sánchez de Lozada: un cato de coca por familia a cambio de permitir la exportación de gas por Chile y no oponerse al saqueo de los recursos naturales.

El proyecto oligárquico-transnacional de Chile era simple y extremadamente rentable: construir un gasoducto desde el chaco boliviano al puerto de Patillos, edificar un monumental proyecto petroquímico, producir energía para las empresas mineras de las cuales era socio el ex líder movimientista y exportar el sobrante a los mercados de México y Estados Unidos.

Ante la oposición de la nación, diseñaron un plan en un “war room” secreto con la previsión, incluso de ensangrentar al país si fuese necesario, éste contó con el apoyo de la cúpula castrense de entonces, a pesar de la advertencia del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (COSDENA) que en un informe confidencial aseveraba que permitir el proyecto de la oligarquía chilena frenaría el desarrollo boliviano y la posibilidad de un acceso soberano al pacífico definitivamente.

Las fuerzas armadas y la policía, se dieron a la sangrienta tarea de masacrar a su propio pueblo y favorecer los intereses de las cúpulas de poder de Chile y de las transnacionales. No obstante, La fortaleza telúrica de los dueños del territorio, la nación boliviana, logró frenar ese macabro plan, la vanguardia estaba en la ciudad de El Alto y la nación se unió para defender su preciado recurso, consciente de que era su última oportunidad de desarrollo y con él de salir de la pobreza.

La victoria de la nación boliviana fue doble, no sólo se venció al eterno enemigo externo: La oligarquía chilena y las transnacionales, si no al aliado interno expresado en las cúpulas partidarias de los partidos tradicionales.  

Debemos tomar en cuenta también que de ganar Sánchez de Lozada y sus aliados, no sólo hubiesen puesto un candado doble a la aspiración marítima si no se hubiera creado una muralla infranqueable que nos hubiera alejado definitivamente del proyecto nacional de tener una salida soberana en el Pacífico para vincularnos con el mundo y desarrollar nuestro comercio internacional más allá de las materias primas.

La Guerra del Gas no sólo nos salvó de un enclaustramiento definitivo, del saqueo inmisericorde de nuestro recurso energético y de la inviabilidad como nación, si no nos dio un horizonte nacional que perdura: La Agenda de Octubre que aún está inconclusa y hoy a todas luces se ve que fue traicionada por el régimen plurinacional y la oposición.  

El actual gobierno plurinacional logró momentáneamente desviarnos de ese proyecto nacional, ha usado todos los recursos mediáticos, coercitivos, de cooptación, de división y los más aberrantes para borrar de nuestra mente y del sentir nacional la lucha y defensa por nuestros recursos naturales como el gas y los minerales. Fracasó en su intento junto a sus aliados de la vieja derecha. Hoy el gobierno plurinacional y su oposición funcional, como nuevos detentadores del poder y de la farsa electoral, están en una irreversible crisis interna y la derrota de La Haya les ha llevado a un abismo sin retorno y ha abierto un gran espacio al retorno del espíritu y la acción de la nación boliviana.
      

jueves, 6 de septiembre de 2018

Indígenas del TIPNIS exigen direccionar erradicación de coca a su territorio y apoyan a La Asunta


   



-          En un manifiesto público le exigen al Ministro de Gobierno probar sus acusaciones contra la presidenta de Derechos Humanos de Bolivia Amparo Carvajal o caso contrario pedir disculpas públicas

La Paz, 6 Sep. (ADO).- La Subcentral de Central de Pueblos Indígenas del TIPNIS en un manifiesto público exige a las autoridades del Órgano Ejecutivo Plurinacional “direccionar” las tareas de erradicación de las plantaciones ilegales de la hoja coca al interior de su territorio y parque nacional, cuya producción no es para el consumo humano si no para fines ilícitos y está “matando” a la Madre Tierra, y además es fruto del avasallamiento de tierras y de asentamientos ilegales.

En el documento también exige que el ministro de Gobierno Carlos Romero Bonifaz pruebe sus acusaciones contra la presidenta de Derechos Humanos de Bolivia Amparo Carvajal o caso contrario pida disculpas públicas. Las declaraciones de la autoridad fueron consideradas por los dirigentes del TIPNIS como “actos de difamación contra una persona consecuente y luchadora por los derechos humanos”, quien estuvo en los momentos más difíciles de Bolivia y hoy demuestra su compromiso y consecuencia.

 “Exigimos al gobierno nacional que direccione la erradicación de coca al interior del TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – TIPNIS al igual que los asentamientos ilegales según estudios realizados (que) afirman que la coca (de esta zona) no es para el consumo tradicional sino para fines ilícitos que está matando la vida de nuestra Madre Naturaleza y/o Tierra al interior del territorio y vulnerando nuestros derechos como pueblos indígenas (como el de) transitar libremente y (sufren el) avasallamiento de terceros con intereses individuales”, dice el documento difundido hoy y firmado Marqueza Teco y Cecilia Moyoviri, entre sus principales dirigentes.

Hacen un llamado al pueblo boliviano a no tener un silencio cómplice ante las violaciones flagrantes de los derechos humanos y le piden la unidad ante las políticas y acciones que atentan contra la ciudadanía, se declaran en alerta y analizan las acciones que puedan asumir desde su región.

También se solidarizaron y apoyaron la lucha de los pobladores de la Asunta de los Yungas de La Paz, “ya que es conocido por la opinión pública que esa producción está destinada al consumo ancestral y tradicional de las y los bolivianos”

En ese sentido se adhirieron a la demanda de liberación del máximo representantes de los cocaleros de los Yungas Franclin Gutiérrez e instaron al gobierno de Evo Morales que actúe de manera imparcial para evitar más muerte y exigen también una investigación independiente para dar con los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos a “ nuestros hermanos bolivianos, para que paguen por su responsabilidad con todo el peso de la ley”. 
  

  

martes, 21 de agosto de 2018

Un 21 agosto de dolor y otro 21 febrero de dignidad: UMSA: No respetar el voto popular es crear las condiciones para una dictadura




En un comunicado el rector de la UMSA Waldo Albarracín rememora los 47 años del infausto golpe de estado del 21 de agosto de 1971, y lo contrasta a la decisión del gobierno plurinacional de no respetar el voto popular del 21-F contra la reelección del Presidente y Vicepresidente de turno

La Paz, 20 Ag. (ADO).- “En el referéndum del 21 de febrero de 2016, los que decidieron votar por el NO, además de oponerse a la modificación del Art. 168 de la Constitución Política del Estado, también defendieron la vigencia del estado de derecho, la estabilidad democrática y se opusieron tenazmente a la instauración de regímenes de facto porque imponer un candidato por la fuerza, en contra de lo que consagra nuestra norma máxima, significa crear las condiciones para una dictadura”.

Esas son las palabras del rector de la UMSA Waldo Albarracín Sánchez -contenidas en un comunicado- al rememorar los 47 años del infausto golpe de estado del 21 de agosto de 1971, comandado por el entonces coronel Hugo Bánzer Suárez, donde también contrasta la decisión del gobierno plurinacional de no respetar el voto popular del pasado 21 de febrero de 2016 contra la reelección del Presidente y Vicepresidente de turno.

“Por tanto, cuando BOLIVIA DIJO NO, significa que valoramos a la democracia como el sistema más civilizado de convivencia colectiva. Por todo ello, este 21 de agosto y todos los 21 del año calendario, debemos reafirmar nuestras convicciones democráticas y terminar de convencernos que el verdadero soberano es el pueblo, no el gobernante”, añade Albarracín.

En el comunicado, recuerda que un 21 de agosto de 1971, los sectores más reaccionarios de las FFAA, en alianza con organizaciones políticas de derecha, promovieron uno de los golpes de estado más sangrientos en Bolivia, tomando por la fuerza el poder, para iniciar uno de los periodos más nefastos en la historia del país, a la cabeza del entonces Cnel. Hugo Bánzer Suárez.

“La dictadura de Hugo Bánzer fue  el escenario de los crímenes de lesa humanidad y mucho más, un régimen promovido desde el Pentágono, que fue parte protagónica del “Plan Cóndor” junto a otras dictaduras de Latinoamérica que tuvo como sustento ideológico la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, basada en la eliminación del “enemigo interno”.  Por ello el 21 de agosto debe recordarse como una fecha que promueva la conciencia ciudadana y fortalezca las convicciones democráticas de las nuevas generaciones para que Bolivia no vuelva a experimentar una nueva dictadura militar”, dice el documento.

En ese marco, menciona que hay otro 21 que debe enorgullecernos, porque es el día en que nuestro pueblo hizo respetar su condición de verdadero soberano y reivindicó a través de las urnas su dignidad. “Me refiero al 21 de febrero de 2016. En esa fecha que marca un hito en la rica historia de las luchas sociales, la mayoría de los bolivianos y bolivianas le dijeron NO al intento grosero de los actuales gobernantes de perpetuarse en el poder”.

“Se trata del 21 democrático, que no se limita a demostrar cuantitativamente que la mayoría decidió impedir que se pisotee la constitución. A través de esta reacción colectiva nuestro pueblo lanza un mensaje claro y contundente a los que usufructúan del poder para beneficio propio,  que en democracia los gobernantes son simples mandatarios y éstos tienen la obligación ineludible de obedecer precisamente el mandato que le otorga mediante una elección el verdadero soberano, que ese mandato es temporal, sujeto a plazos perentorios y normas de jerarquía constitucional de aplicación preferente”, analiza.

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                                       UN 21 DE DOLOR Y OTRO 21 DE DIGNIDAD


Un 21 de agosto de 1971, los sectores más reaccionarios de las FFAA, en alianza con organizaciones políticas de derecha, promovieron uno de los golpes de estado más sangrientos en Bolivia, tomando por la fuerza el poder para iniciar uno de los periodos más nefastos en la historia del país, a la cabeza del entonces Cnel. Hugo Bánzer Suárez. El pueblo boliviano fue humillado, perseguido, reprimido durante siete años; muchos compatriotas encarcelados injustamente por pensar diferente y debido a su compromiso con las legítimas aspiraciones de liberación y desarrollo del país; otros fueron exiliados, obligados a vivir por largos años en el exterior; un buen número fue víctima del confinamiento, también obligados a permanecer en regiones inhóspitas; y muchos asesinados por motivos políticos, además de un número importante de personas desaparecidas, aquellas que en determinado momento fueron detenidas por los órganos de represión y hasta hoy no se las volvió a encontrar dejando a los familiares de éstos en la incertidumbre de no saber qué pasó con ellos. La dictadura de Hugo Banzer fue escenario de crímenes de lesa humanidad y mucho más. Fue un régimen promovido desde el Pentágono, que como parte del “Plan Cóndor”, junto a otras dictaduras de Latinoamérica, tuvo como sustento ideológico la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, basada en la eliminación del “enemigo interno”.

Por ello, el 21 de agosto debe recordarse como una fecha que promueva la conciencia ciudadana y fortalezca las convicciones democráticas de las nuevas generaciones para que Bolivia no vuelva a experimentar una nueva dictadura militar.

Por otro lado, hay otro 21 que debe enorgullecernos, porque es el día en que nuestro pueblo a través de las urnas hizo respetar su condición de verdadero soberano y reivindicó su dignidad. Me refiero al 21 de febrero de 2016. Esta fecha marca un hito en la rica historia de las luchas sociales, cuando la mayoría de los bolivianos y bolivianas le dijeron NO al intento grosero de los actuales gobernantes de perpetuarse en el poder. Se trata del 21 democrático, que no se limita a demostrar cuantitativamente que la mayoría decidió impedir que se pisotee la constitución. A través de esta reacción colectiva, nuestro pueblo lanza un mensaje claro y contundente a los que usufructúan del poder para beneficio propio: en democracia los gobernantes son simples mandatarios y tienen la obligación ineludible de obedecer al soberano, respetar la temporalidad de su mandato sujeto a plazos perentorios y normas de jerarquía constitucional de aplicación preferente. En el referéndum del 21 de febrero de 2016, los que decidieron votar por el NO, además de oponerse a la modificación del Art. 168 de la Constitución Política del Estado, también defendieron la vigencia del Estado de Derecho, la estabilidad democrática y se opusieron tenazmente a la instauración de regímenes de facto, porque imponer un candidato por la fuerza en contra de lo que consagra nuestra norma máxima, significa crear las condiciones para una dictadura. Por tanto, cuando BOLIVIA DIJO NO, significa que valoramos a la democracia como el sistema más civilizado de convivencia colectiva.

Por todo ello, este 21 de agosto y todos los 21 del año calendario, debemos reafirmar nuestras convicciones democráticas y terminar de convencernos de que el verdadero soberano es el pueblo, no el gobernante.

WALDO ALBARRACÍN SÁNCHEZ
     RECTOR UMSA                    








martes, 22 de mayo de 2018

Petrobras habría deslizado sobornos a ex funcionarios de gobierno, hoy opositores, según diputada del MAS




La Paz, 22 May. (ADO).- La presidenta de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Susana Rivero (MAS), que investiga los supuestos hechos de corrupción de la brasileña Odebrech y el caso Lava Jato en Bolivia, advirtió hoy a los políticos de oposición que se indagará las “coimas” que habría deslizado la principal empresa petrolera del Brasil: Petrobras, sobre varios ex funcionarios públicos que hoy fungen de opositores.  

“Hay nervios de varios políticos de oposición porque saben que vamos a llegar a las coimas de Petrobras, y varios de ellos han trabajado en esos momentos de síndicos, o de directivos y eso también se va a investigar”, dijo la legisladora del MAS según una nota informativa publicada por el portal digital de la red ERBOL.

Según el medio, la reacción de Rivero surge después de que opositores a la cabeza del senador de Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo pidieron que se apartara de la Comisión porque ella, cuando fue ministra, firmó decretos respecto a la empresa Queiroz Galvao, una de las sospechadas.

La empresa Petrobras se afincó en el país en 1990, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, cuando se le permitió mediante contratos controlar el 50% de la explotación del pozo de San Alberto que junto al de Sábalo proveyó la exportación de gas natural a Brasil con un volumen de 30 millones de metros cúbicos de gas.

Durante el gobierno de Carlos Mesa, que ante las quejas y reclamos de los pobladores del lugar, Petrobras pagó 12 millones de dólares por el costo de exploración que realizó YPFB desde finales de los años 60 de la más grande reserva de gas natural de Bolivia que dejó una milmillonaria renta petrolera.


Acusación de Mesa

Durante esta jornada, en versión de Erbol, el expresidente Mesa presentó una denuncia que acusa a Rivero de uso político del caso y de intentar forzar una coincidencia con la persona de iniciales C. M. que aparece como receptora de sobornos de parte de la empresa Camargo Correa por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen.

Mesa criticó a Rivero bajo el argumento de que los sobornos revelados en Brasil corresponden al periodo entre el 19 de septiembre de 2005 y el 20 de agosto de 2008, tiempo que ya no era presidente de la República.

“Adelanta opiniones y prejuicios incriminatorios en mi contra y en contra de ex funcionarios de mi gobierno, que dañan gravemente nuestra imagen, honra y dignidad, sobre base falsa, sesgada y tendenciosa”, escribió sobre Rivero en versión de Erbol.

Respuesta de la ex ministra

El portal de Erbol  señala que Rivero respondió que, según el reporte de la investigación brasileña, el 2005 fue la cuota 12 del soborno, por lo cual presume que en años anteriores se inició con los pagos.

Indicó que la investigación en este caso abarca desde el inicio de la negociación de un acuerdo marco entre Carlos Mesa y el exmandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva en 2003, hasta el 2008, año hasta el cual habrían existido pagos irregulares.

La diputada afirmó, en base a reporte de Migración, que en ese periodo (2003-2008) Carlos Mesa viajó a Brasil y Perú en 22 ocasiones. Explicó que en territorio peruano estaba la sede de Camargo Correa encargada de sus negocios en esta parte del continente.

Manifestó que la intención de la investigación es saber “qué hacia un presidente de Bolivia viajando en los momentos críticos de este proceso de contratación y muy cercanos a las fechas, o muchas coincidentes, con las fechas de los pagos”.  Dijo que esos viajes son “muy sintomáticos”.

La diputada exhibió los reportes de viajes de Carlos Mesa y su exministro Jose Antonio Galindo (†) ya anunció que se les indagará sus movimientos bancarios. “Vamos a rastrear todas las cuentas bancarias de todos los viajeros para saber qué tanto iban a hacer al Perú en los momentos decisivos”, manifestó.

Agregó que ya llama la atención que por decreto se haya tomado decisiones cuando correspondía a la autoridad del ramo, que en un acuerdo marco se haya establecido la construcción de la carretera “con nombre y apellido” y que el expresidente haya realizado 22 viajes a esos destinos.

Solicitud de Murillo

Respecto a la solicitud encabezada por el senador Murillo para alejarla de la Comisión por su participación en el tema de Queiroz Galvao en la carretera Potosí-Tarija, Rivero afirmó que se está investigando el caso de la carretera Roboré-El Carmen y que no tiene nada que ver en ese tema.
Dijo que hay opositores están nerviosos porque la Comisión abarcará también presuntos sobornos de la estatal brasileña de hidrocarburos Petrobras, según Erbol.

“Hay nervios de varios políticos de oposición porque saben que vamos a llegar a las coimas de Petrobras, y varios de ellos han trabajado en esos momentos de síndicos, o de directivos y eso también se va a investigar”, dijo.

Apunta al abogado de Mesa

La diputada también en sus palabras respecto a Carlos Alarcón, abogado de Carlos Mesa, dijo que el jurista fue Viceministro de Justicia en 2004, pero Mesa lo designó como Ministro de Obras interno coincidentemente para emitir el decreto que ordena licitar el tramo Roboré-El Carmen.

Calificó este hecho como “una casualidad extraña”, porque además Alarcón fue el encargado de representar a Mesa en su denuncia presentada este martes.

FUENTE:
http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/22052018/mesa_denuncia_rivero_y_ella_anuncia_que_rastreara_cuentas_de_exmandatario


lunes, 30 de abril de 2018

A 12 años de la falsa nacionalización del gas. La 1ra nacionalización auténtica en Bolivia: un acontecimiento mundial






Por Nelson Vila Santos

La Standard Oil y Guerra del Chaco

A pesar del intento de escritores contemporáneos d distorsionar la verdad histórica de los hechos, la Guerra del Chaco fue una conflagración bélica entre Paraguay y Bolivia, los países más pobres de la región, alentada por los intereses petroleros transnacionales. Por un lado, la poderosa estadounidense Standard Oil de Rockefeller aliada de la oligarquía boliviana de entonces, con Salamanca a la Cabeza, pretende asegurarse los yacimientos petroleros del norte argentino y del descubierto en Bolivia, y está en busca una vía exportación por el río Paraguay. Por el otro, la República del Paraguay se opone a esta estrategia, junto a los ganaderos y plantadores argentinos, apoyándose en la Royal Dutch Shell, empresa símbolo del imperialismo británico.

Sin embargo, la Standard juega a dos bandos para precautelar sus intereses. Para obtener el beneplácito del Paraguay, en caso de una victoria de éste, saboteó la defensa de Bolivia, impidiendo la producción de combustible para aviones, mientras vendía gasolina al Paraguay, mediante un ducto clandestino, y destruía equipos necesarios para el ejército de Bolivia.

Proceso contra la Standard

El gobierno de Tejada Sorzano inició en 1935 un proceso administrativo contra la Standard alentada por la presión social. Primero por su prepotencia ante el ordenamiento legal establecido y por el miedo que infundía su presencia en el país. Segundo, por su doble juego en la Guerra del Chaco. No tardaron en aparecer ciudadanos valerosos que fundamentaron sus denuncias contra las empresas por su violación a la Ley Orgánica del Petróleo y el fraude sistemático que cometía la empresa contra el Estado boliviano desde el año 1922.

La denuncia más contundente fue formulada en 1926 por Pompilio Guerrero —jefe del resguardo Aduanero de Fortín Campero (a 25 km. del campamento de la Standard en Bermejo)— ante el Director General de Aduanas, William Mac Gowan. Detalló la exportación clandestina de petróleo que hacía la Standard a la Argentina, pero sus afirmaciones cayeron en saco roto, tanto que el atropello sólo fue conocido diez años después. El 7 de diciembre de 1935, volvió a hacer pública sus revelaciones. Este fue el elemento sustantivo que convenció a Tejada Sorzano, de que la Standard estaba enviando clandestinamente petróleo a la Argentina, vulnerando los intereses nacionales.

En el gobierno de David Toro, el 13 de marzo de 1937, se dictó la Resolución Suprema mediante la cual quedaban extinguidas las concesiones de la Standard Oil y revertidos sus bienes al Estado, en base a la cláusula décima octava del contrato Richmond Levering and Co, que estipulaba "que el gobierno podrá declarar la caducidad o rescisión administrativamente, por defraudación de los intereses fiscales, caducidad que importa para los capitalistas la pérdida de todos los derechos a los bienes que tuvieran en el país, los que pasan a propiedad exclusiva del Estado.”

De acuerdo a los documentos de la fecha, la indignación nacional era impresionante por el grado de traición de la empresa estadounidense. La misma creyó que podía utilizar los mecanismos de presión diplomática, apoyo de sus poderosos aliados políticos internos e incluso la posibilidad de comprar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero no fue así.

También se argumentó que en plena Guerra del Chaco, la Standard hizo arrojar al río Bermejo una gran cantidad de herramientas de zapa, en cuanto tuvo noticia de que el Ejército boliviano se las pediría para la defensa nacional, con el argumento inicuo de que debía ser neutral. Estos delitos eran más que suficientes para expropiarla y expulsarla.

No obstante de ser demostrados sus delitos e incumplimiento de contratos, la Standard ya fuera del país logró una indemnización económica en 1940, apoyada por los gobiernos de Quintanilla y Peñaranda, de 1,7 millones de dólares.

La nacionalización, un acontecimiento mundial

La nacionalización de la todopoderosa Standard fue un caso único. A pesar de la presión, el Presidente F. Delano Roosevelt calmó las iras y prometió negociar una indemnización, no podía imponer mano dura porque debía cuidar su patio trasero del avance del nazifascismo.

El país más pobre de Suramérica, con familias devastadas por la Guerra del Chaco, no se inclinó, le dio un ejemplo al mundo y principalmente a los países pobres, colonizados y dependientes de entonces, de que la unidad por la defensa de los recursos naturales hace invencible a las naciones que toman conciencia colectiva de sus intereses y de su futuro en pos de un proyecto de liberación nacional.




miércoles, 25 de abril de 2018

Incahuasi: enajenación, despilfarro y división





Nelson Vila Santos

El megacampo gasífero Incahuasi disputado por las regiones de Santa Cruz y Chuquisaca pertenece en un 90% a las empresas transnacionales. El paquete accionario está dividido entre la francesa Total con un 50%, la rusa Gazprom con 20%, la ítalo argentina TECPETROL con 10% y por último la subsidiaria boliviana YPFB Chaco con el 10 %, según la información oficial difundida por medios nacionales. El agravante es que este enfrentamiento podría afectar la unidad del país en torno al rechazo a la reelección presidencial, cuyo éxito se plasmó el pasado 21 de febrero en un gran paro movilizado. 

                El caso de Incahuasi tomó relevancia nacional luego de que gobierno plurinacional, por medio del ministro de la Presidencia Alfredo Rada y el viceministro de Autonomías Hugo Siles, aprobara una resolución administrativa que altera los límites entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, causando una gran confusión y, principalmente, el congelamiento en el cobro de regalías por la explotación de gas, gracias a una determinación de Tribunal Constitucional en espera a definir los límites entre ambos departamentos.

                El congelamiento en el pago de regalías, estaría afectando los ingresos de los cruceños, hasta el punto de asfixiarlos, con la consiguiente paralización de obras y el impago de sueldos. La gobernación cruceña, en defensa de sus intereses, inició un proceso judicial a las citadas autoridades, sin embargo las mismas niegan tal extremo y con datos del Ministerio de Economía aseveran que no hay afectación a sus cuentas y motivos para la paralización de la obras.
               
En esas circunstancias, el problema se circunscribió al tema económico y de límites, que enfrenta a los departamentos hermanos de Santa Cruz y Chuquisaca, que podría ahondarse cuando el gobernador cruceño Rubén Costas asevera “No hay nada que negociar (con Chuquisaca), no vamos a dejar que se apropien de ningún metro, ni de ningún volumen de nuestros recurso”.

           Ante la pasividad de la gobernación de Chuquisaca, la Central Obrera Departamental de la región tomó la iniciativa y anuncia movilizaciones desde esta semana para defender su patrimonio. Juan José Bonifaz, de los cívicos chuquisaqueños, según el Correo del Sur, aclara que el gobierno de Evo Morales “se juega por Santa Cruz”. “Ustedes saben que Santa Cruz tiene peso y Chuquisaca ha perdido todo peso, entonces hay que apostar por el fuerte y hay que debilitar más al débil, esa es la política del Gobierno", añadió.
           
           Entre tanto, YPFB anuncia que se hará en el breve plazo un nuevo estudio, en contrapartida en Chuquisaca y Santa Cruz se organizan nuevas movilizaciones de los colectivos ciudadanos, universitarios, trabajadores y otros sectores para defender su patrimonio pero ¿qué se oculta detrás? 

                Incahuasi de las petroleras

                El problema económico de Santa Cruz y su disputa sobre la delimitación administrativa con Chuquisaca, además de los problemas internos y los virajes gubernamentales en pos de aliarse con los círculos de poder cruceños, encierra una gran verdad sobre la industria gasífera del país que no se la menciona públicamente pero se la conoce.

El disputado megacampo de Incahuasi no es de propiedad de los bolivianos, en un 90 % es de las transnacionales. Un ciudadano de a pie nos diría “pero no que estaba nacionalizada la industria petrolera del país”. Nosotros le responderíamos que, lamentablemente, está completamente equivocado. Y él con justa razón nos pediría una explicación y es la siguiente.

                En realidad en Bolivia no hubo una nacionalización de los hidrocarburos como ocurrió en 1937 o 1969, en octubre de 2006 el gobierno de Evo Morales, sin tomar en cuenta las auditorías petroleras, autorizadas por el Ejecutivo, que denunciaban la nefasta presencia de las petroleras entre 1996 y 2006, firmó nuevos contratos con las transnacionales perdonándoles un sinfín de irregularidades, incluso muchas de ellas rayaban en el delito.       

La propiedad accionaria de Incahuasi revela también que la “política hidrocarburífera” de “Socios y no patrones” tan difundida por el gobierno no es cierta. Nos preguntamos ¿Si una empresa o empresas tienen el 90% de las acciones de un megacampo, es/son socia/s o es/son patrona/s? La respuesta salta a la vista.

No debemos olvidar que cuando se firmaron los contratos con las transnacionales, el vicepresidente Alvaro García Linera recalcó que las empresas transnacionales serían no serían dueñas sino operadoras, es decir, nuestras “empleadas”, que trabajarían para nosotros y sólo les pagaríamos sus gastos de operación. Hasta el momento hay 3,200 millones de dólares en gastos de operación que están en disputa y al paso que vamos el Estado deberá cumplir con esa deuda. En este momento de crisis, ¿de dónde sacarán esos recursos?, esa es la gran pregunta.  

La política de “socios y no patrones” se asemeja a la emprendida por el ex presidente del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) en el proceso de capitalización (privatización) de las empresas estratégicas que apuntalaba la necesidad de conseguir un “socio estratégico” para explotar el gran poder hidrocarburífero del país. ¿Han cambiado los actores pero no los mecanismos del saqueo?

Un pequeño repaso a la cantidad de empresas transnacionales y su propiedad sobre los recursos gasíferos nos develan que el 85% de la actividad de hidrocarburífera está en manos de las transnacionales. Una muestra palpable de que no hay nacionalización, principal propuesta electoral y de gobierno repetida por los medios informativos en millonarias campañas que no consiguen convencer a la población desde el 1 de mayo de 2006.

División y enfrentamiento

La disputa por Incahuasi por regalías entre dos regiones, hace palpable tres temas. El primero, que ninguno de los representantes de ambas regiones, tanto autoridades como cívicos, tiene en cuenta la enajenación del patrimonio nacional y que la pelea interna encubre una realidad nacional que nos está llevando al colapso económico y la división.

Segundo, que vivimos en una economía rentistas que sólo vive de la venta de recursos naturales y dichos recursos son utilizados por las élites regionales para su propio beneficio, sin importarles si hay o no un plan de desarrollo departamental y si este engrana con otro de desarrollo nacional. Los más perjudicados son los ciudadanos de a pie de esas regiones por esta falta de planificación. Además de no podemos dejar de mencionar que la exigencia de las provincias productoras de gas de Santa Cruz por una redistribución de las regalías hidrocarburíferas, e incluso su manejo directo, hace de este conflicto un caldo de cultivo perfecto para el enfrentamiento interno. Lo mismo ocurre en otros departamentos. 

Y por último, al enfrentar a dos regiones tan emblemáticas en la historia nacional (Chuquisca y Santa Cruz), se disuelva el pedido justo de evitar la reelección presidencial. Costas con sus declaraciones sólo ha demostrado estar más cerca del gobierno plurinacional que de las aspiraciones departamentales y nacionales. ¿Su deseo de ser candidato presidencial, con su postura, se diluyen dramáticamente? Asimismo, ¿la postura de los chuquisaqueños va en la misma tesitura: pelear por las ramas y no por el tronco y raíces de la solución del problema? Ambas posturas, ¿serán la punta de lanza para quebrar la lucha contra la repostulación? ¿Es una de las estrategias del gobierno plurinacional?





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martes, 17 de abril de 2018

A 14 DÍAS DE LA FALSA NACIONALIZACIÓN: EL DESPILFARRO DE LA RENTA PETROLERA




Nelson Vila Santos 

La lucha por la renta de los hidrocarburos, iniciada en octubre de 2003 en la denominada Guerra del Gas, fue para que los recursos generados por la misma, sea utilizada inteligentemente por nuestros gobernantes plurinacionales para incurrir en los mismos errores del pasado reciente, tanto durante los gobiernos dictatoriales así como en el periodo neoliberal que nos tocó vivir.

La ingente cantidad de recursos que recibió estos años el gobierno de plurinacional de Evo Morales no es gracias a la supuesta nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006. Fue gracias a ese 32 por ciento expresado en la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que fue arrancado a las empresas transnacionales que pretendían llevarse la mayor parte de la renta petrolera como se había impuesto durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Según los datos de refutados investigadores y corroborados por cifras del propio gobierno, el IDH significa la mayor parte de esa renta petrolera que le llegó al país que se concretó en una ganancia de cerca de 15 mil millones de dólares, una cantidad que jamás había recibido el país durante toda su existencia, pero no fue gracias al decreto de la falsa nacionalización. Eso está demostrado científicamente.  

Sin embargo, esos recursos no sirvieron para los bolivianos, para su desarrollo, un estudio de la Fundación Jubileo nos demuestra que cerca del 70% fue mal utilizado en la contratación de personal para que trabaje en el estado o como se lo denomina: el gasto corriente, y sólo un 30% se destinó a la inversión.

A esto debemos sumar que el gobierno actual siguió la fórmula de los regímenes dictatoriales de construir verdaderos elefantes blancos y siguió el plan del neoliberalismo de entregar la construcción de infraestructura a las empresas extranjeras, en este último tiempo a las empresas chinas. Según un recuento publicado por medios nacionales, esta entrega supera los 4.500 millones de dólares.

Entre los proyectos adjudicados a las firmas de ese país oriental están el  satélite Túpac Katari, como la empresa china  Great Wall Industry Corporation con un costo de cerca de 300 millones de dólares. Además, otras empresas chinas pusieron en marcha proyectos como el Ingenio Azucarero en San Buenaventura y la planta piloto de baterías de litio. A ello se debe agregar la compra de seis helicópteros y aviones chinos para las Fuerzas Armadas del país

Es el caso de la construcción de infraestructura, la Sinohydro Corporation Limited, se adjudicó la construcción de la doble vía El Sillar, el tramo vial Ivirgarzama-Ichilo y Padilla-El Salto.

Estas obras son con recursos que salen de nuestra renta petrolera, pero también del endeudamiento al que estamos forzados a aceptar por parte del gobierno chino que impone que sea una empresa de su país la encargada de construir las mismas. . La cifra de la deuda bilateral llega a los 7 mil millones de dólares.

El despilfarro y el endeudamiento no eran parte de #LaAgendaDeOctubre porque esas políticas son de los gobiernos dependientes y sumisos a esas políticas neoliberales y dictatoriales que hoy dirigen al país hacia el abismo, pero estamos a tiempo, hoy más que nunca de revertir esa situación del país.







viernes, 13 de abril de 2018

YPFB corporativo, es igual a un YPFB residual



El proceso de la capitalización desmembró el glorioso YPFB OPERATIVO para reducirlo a su mínima expresión, creando un YPFB Residual que sólo se encargaba de trámites administrativos para viabilizar la entrega de los recursos hidrocarburíferos a las empresas transnacionales y para darle algo de seguridad energética a los bolivianos para que sigamos en el plano de la subsistencia y al margen del desarrollo de todas nuestras potencialidades individuales y colectivas, y en este tiempo de capitalismo, en el desarrollo de nuestras fuerzas productivas para conseguir nuestra autonomía nacional plena.

Tras la guerra del gas, en octubre de 2003, y con la posterior aprobación de la Ley de Hidrocarburos 3058, la esperanza de la nación boliviana era el renacimiento del YPFB OPERATIVO, que vuelva a ser la empresa que le trajo seguridad energética al país para dejar la dependencia externa y el dominio transnacional.

La nueva norma establecía que la estatal petrolera iba encargarse de todos los aspectos de la exploración, explotación, comercialización e industrialización del gas y del petróleo, con el objetivo de dotarle de gas a los bolivianos, no solamente para el hogar y los vehículos de transporte, principalmente para contar con la energía necesaria, porque es la clave del desarrollo de nuestra industria. No puede haber desarrollo sin energía.

Octubre nos hizo pensar seriamente en el proceso de industrialización, comenzando por las materias primas, y principalmente recobrar el dominio sobre las abundantes reservas de gas natural en manos de las petroleras extranjeras. Por ello era necesario una empresa estatal del petróleo fortalecida, que piense desde los intereses de la nación boliviana, pero ello no ocurrió.

Empero, las transnacionales no admiten competencia, ellas deben dominar todo el circuito de la explotación de gas natural y petróleo, pero lo hacen poniendo como prioridad sus planes gerenciales y de monetización apresurada, es decir, la exportación masiva del gas. Cuál es el agravante de esta política. El agravante de esta política es que estamos exportando desarrollo, al exportar energía. Con ello, ganan las transnacionales porque reciben tres veces más de lo que nos pagan por concepto de impuestos y regalías y ganan los países vecinos como Brasil que hoy está entre los diez países más desarrollados del planeta, gracias a nuestro gas.

El neoliberalismo de ayer creo un YPFB Residual, el neoliberalismo de hoy creo el YFPB Corporativo, que prácticamente es lo mismo. Apenas tiene bajo su control el 15% de las reservas de gas natural, es socio minoritario de las transnacionales en los grandes megacampos como Incahuasi donde posee el 10% de la propiedad accionaria, en otros casos ni aparece como sucede en Margarita de exportación de gas a la Argentina, donde su presencia es inexistente.

En el campo de la perforación, YPFB Corporativo (Residual) sólo tiene tres equipos que hasta el momento han fracaso en todos sus intentos por encontrar gas natural para la nación boliviana, en cambio el titánico YPFB OPERATIVO tenía cerca de 20 equipos de perforación y consiguió descubrir todos los actuales yacimientos de gas que son explotados hoy por las transnacionales con cero de inversión.  

Sin capacidad operativa, YPFB es prácticamente un cascaron vacío, sólo una fachada publicitaria, para el beneficio del gobierno plurinacional y de las empresas transnacionales para engañar a la nación boliviana. Pero el pueblo no olvida y renace el sentimiento de #LaAgendaDeOctubre: una verdadera nacionalización e industrialización del gas, como parte esencial del desarrollo de la nación boliviana.               

martes, 10 de abril de 2018

YPFB OPERATIVO, FUE UN TITÁNICO PROYECTO DE LA NACIÓN BOLIVIANA





Nelson Vila Santos

El 21 de diciembre de 1936, la nación boliviana dio un gran salto de independencia sin parangón en la historia nacional, incluso hoy no hay un hecho similar, por la titánica labor que emprendieron hombres que salieron de las arenas de la Guerra del Chaco y una dirigencia esclarecida en el fortalecimiento de políticas nacionales de desarrollo. Les habló sin dudar de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).


No exagero cuando digo que no había ni un sólo ingeniero petrolero formado para esas tareas después de la nacionalización de la todopoderosa Standard Oil. A diferencia de hoy con decenas de carreras y maestrías sobre el gas y el petróleo. Se eligieron a los 100 mejores bachilleres del país que fueron becados a México y Argentina para su formación, nos recordaba el ex presidente de esa empresa Enrique Mariaca. Fue la primera y única que vez que se tomó semejante decisión con la finalidad de formar el talento humano boliviano para precautelar la existencia de la nación.

Desde mi punto de vista, fue la primera vez que establece una política de estado con planes de corto, mediano y largo alcance. Se tardó más de una década pero a partir de 1954, Bolivia logró lo que países como Brasil, con mayor trayectoria y poderío no consiguieron. Esos jóvenes profesionales con el apoyo de funcionarios del más alto nivel público consiguieron la suficiencia energética, conocida hoy como seguridad energética, con el descubrimiento y desarrollo de campos petroleros que evitaron al importación de petróleo que afectaban nuestros magros ingresos de divisas. Además, gracias a ese titánico esfuerzo Bolivia llegó a ser un exportador petrolero sin apoyo extranjero.

Poco duro esos momentos de gloria, el poder emergente del MNR –la nueva oligarquía- y la ambición de las transnacionales de EEUU como la Gulf Oil, se juntaron para nuestra desgracia. Aprobaron el Código del Petróleo o Código Davenport, arrinconando a YPFB y entregando toda riqueza a la petrolera extranjera. Fueron momentos duros. Con una empresa languideciente y a punto de desaparecer, en un movimiento sorprendente, despertó el pueblo boliviano de su letargo y al mando de Marcelo Quiroga Santa Cruz se concreta la segunda nacionalización de los hidrocarburos. El beneficio fue para la estatal petrolera y el país, nos adueñamos por derecho del negocio de la exportación de gas natural a la Argentina, pero sobre todo aseguramos nuestra seguridad energética. Hasta los años noventa del siglo pasado, se cumplió religiosamente con cada punto de ese acuerdo de venta, eso lo hizo una empresa estatal junto a sus obreros, a pesar del asedio de las petroleras y sus aliados internos.

Con el golpe militar de Banzer, en agosto de 1971, nuevamente la empresa fue replegada para dar espacio a las socias del régimen, a pesar de ello se mantuvo de pie y cumpliendo su misión. Fue la artífice de los megadescubrimientos de gas natural que hoy gozan sus competidoras.

Para la desgracia nacional, emergió luego de una gran crisis del capitalismo de estado, el periodo neoliberal y durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) se dio el “golpe de muerte” a YPFB con su llamada "capitalización" que en realidad era una privatización. Todas las actividades petroleras pasaron a las transnacionales que sin invertir un sólo dólar se adueñaron de miles de millones de dólares en reservas de gas y petróleo, además del negocio interno y de la exportación de gas a Brasil. YPFB se quedó con el rótulo de residual que hasta hoy no consigue desprenderse.

Y nuevamente viene al rescate el pueblo boliviano con la Guerra del Gas en octubre de 2003, que junto a #LaAgenda de Octubre: la lucha por una verdadera nacionalización del gas y su industrialización, se convirtieron en el proyecto de liberación nacional, tanto política, económica y social. La nación volvió a sacar del poder a Sánchez de Lozada ya en su segundo mandato. A su sucesor, Carlos Mesa le faltó valor y visión para concretar ese anhelo nacional.     

Con las elecciones nacionales 2005, Evo Morales llega al poder, pero en vez de dictar una verdadera medida nacionalizadora del gas, no vende una falsa nacionalización de los hidrocarburos. Sin rubor repite dicha mentira hasta el día de hoy.

¿Pero qué pasó con YPFB volvió a sus antiguas glorias? La respuesta es negativa lamentablemente. Se constituyó una empresa corporativa al estilo de Petrobras. Hoy es incapaz de desarrollar proyectos exploratorios propios, el gobierno plurinacional le ha condenado a asociarse con mínimas participaciones en los grandes proyectos de exportación de gas. Su dirigencia sindical está cooptada por las trasnacionales y el poder político, como en la época de la “capitalización”.

A decir verdad, YPFB continúa siendo una empresa residual que al paso que va desaparecerá si se mantiene el orden de la implementación de la política petrolera transnacional de mayor saqueo, pero no está vencido quien no olvida, y la nación boliviana no olvida. Renace #LaAgendaDeOctubre como un tsunami que llegará por tercera vez para quedarse definitivamente en la mente, en los corazones y en las acciones de la nación boliviana. 



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domingo, 8 de abril de 2018

12 AÑOS DE INSEGURIDAD ENERGÉTICA, BOLIVIA FUE LA ARABIA SAUDITA DEL GAS DE SURAMÉRICA





Comienza el gobierno plurinacional en enero de 2006, apenas llegado a su despacho el nuevo Ministro de Hidrocarburos, tiene un gran historial de impulsor de las causas populares, recibe sorpresivamente del también flamante presidente del YPFB residual, la catastrófica información oficial para la vida contemporánea de la nación boliviana: LA DESAPARICIÓN DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS RESERVAS DE GAS NATURAL.

Veamos en qué consistía esa información: De 27 trillones de pies cúbicos de gas (TCF, por sus siglas en inglés) de reservas probadas, la empresa certificadora DeGolyer & MacNaughton le revelada a las nuevas autoridades que las mismas se redujeron a sólo 9,9 TCF, que si se hubieran vendido a los precios de mayor bonanza su valor hubiera alcanzado a 170 mil millones de dólares, hoy no llega a los 85 mil millones. 

Qué sucedió con las reservas de gas que dan seguridad energética a los bolivianos de a pie y para sus proyectos de desarrollo. La venta del energético está dando de vivir a los bolivianos, es considerado con razón por oficialistas y no oficialistas “el sueldo de Bolivia”. En el campo petrolero, las recomendaciones de los expertos señalan que cada barril de petróleo explotado, deben haber 10 como mínimo de reserva. ¿Qué pasa en el caso gas y en la situación específica boliviana?

Hasta el momento, las explicaciones son vagas, venidas de las empresas petroleras, pero no hay un sólo sustento científico sobre esa pérdida irreparable para la nación. Los oficialistas ni los opositores no pidieron ninguna explicación ni iniciaron ninguna investigación; la Contraloría, la fiscalía, la policía, los ministerios del área y la Asamblea Legislativa no cumplió con su tarea de fiscalización.   

La verdad de develó cuando la firma Ryder Scott, tres años después confirmó el funesto dato y recién se lo dio a conocer al pueblo. ¿Por qué se ocultó dicha información vital para la vida de la nación? ¿El ocultamiento de información benefició a las petroleras para la firma de nuevos contratos por 30 años más? ¿Tendremos seguridad energética, cuando la misma significa desarrollo y prosperidad para el país? Dichas preguntas y otras circulan en el ambiente.

Dejamos de ser la Arabia Saudita del gas de Suramérica, estamos en la cola por nuestras reducidas reservas gasíferas, pero con proyectos de exportación impulsados por las transnacionales (otra muestra de la existencia de una falsa nacionalización), el gobierno plurinacional contrata a oscuras consultoras que hablan de nuestro gran potencial hidrocarburífero pero hasta el momento son sólo anuncios y ninguna certificación seria.

Si continúan las petroleras dominando la industria petrolera nacional nuestro futuro es incierto, desde la ama de casa que recibe el gas natural por las redes, el sistema de transporte, de producción agrícola, la producción energética eléctrica, los proyectos de industrialización y la vida de la actual industrial.

Por ello renace nuevamente #LaAgendaDeOctubre como el horizonte de posibilidad de la nación boliviana, estamos nuevamente en el camino de una verdadera nacionalización e industrialización del gas y de nuestros recursos naturales. Ahí llegaremos, por el bien de nuestras nuevas generaciones.


Nelson Vila Santos, periodista.       






jueves, 5 de abril de 2018

1-M El PRIMERO DE MAYO DE 2006 ES EL DÍA DE LA MEGA MENTIRA PLURINACIONAL



El gobierno de Evo Morales le hizo dos favores de miles de millones de dólares a las empresas transnacionales petroleras en el proceso de la FALSA NACIONALIZACIÓN que está destruyendo las bases mismas del desarrollo autónomo de la nación boliviana.

1.- El primero fue firmar los nuevos contratos petroleros por 30 años más sin tomar en cuenta los informes de auditoría que fueron presentados al gobierno plurinacional, donde se especificaba claramente que las empresas extranjeras habían recobrado prácticamente todas sus “inversiones” y que una AUTÉNTICA NACIONALIZACIÓN estaba justificada por los cuasidelitos que habían cometido las citadas en su permanencia en el país, a partir de 1996 hasta el 2006. Resultado de esta firma, en términos generales, fue que dichas inversiones continuaron infladas para desdicha de los bolivianos que recibimos menos recursos para nuestra subsistencia y se impusieron los famosos “gastos operativos” sin auditorías honestas, donde también las mencionadas inflaron a su gusto y placer los mismos para seguir reduciendo los ingresos del estado. Por ello, son necesarias otras auditorías desde el periodo 2006 hasta el 2016.

2.- Lo segundo, en su afán de blindar y proteger a las empresas transnacionales, tanto opositores y oficialistas de entonces, se aliaron para aprobar por unanimidad los nuevos contratos petroleros en el Congreso Nacional. ¿Por qué lo hicieron? Por los contratos firmados por el régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada “eran nulos de pleno derecho” porque no estaban aprobados por diputados ni por senadores, y era otra razón poderosa para una VERDADERA NACIONALIZACIÓN. Ese blindaje constitucional hoy les permite mantenerse en el país.

Sin embargo, en estos tiempos de grandes cambios verdaderos, nada es para siempre. Las empresas petroleras saben que están en la mira y que en la nación subsiste el proyecto alternativo de desarrollo nacional #LaAgendaDeOctubre: Una verdadera nacionalización e industrialización del gas y de los recursos naturales, es el camino de la liberación nacional y de la autonomía plena de los bolivianos, de ese 99 % despreciado por el poder. En esa vía estamos.

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