Corrupción prefectural enriquece a grupos de poder de la media luna
Mario Cossío, Leopoldo Fernandez y Manfred Reyes, deben responder ante la justicia por cerca de 400 millones de bolivianos que habrían sido ilegalmente utilizados en la adjudicación de decenas de obras. Esos recursos, provenían en su mayoría de los ingresos de exportación de gas.
Los denominados prefectos de la media luna se han visto involucrados en una serie de denuncias de corrupción presentadas hasta el año pasado por el entonces viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, hoy ministerio, a la Fiscalía General de la República, pero hasta la fecha no fueron esclarecidos y quedan como una muestra de cómo los gobiernos departamentales son utilizados por los resabios de los partidos neoliberales para el enriquecimiento ilícito de sus dirigentes.
Las decenas de denuncias involucran a los prefectos de Tarija, Mario Cossío Cortez, del Beni, Ernesto Suárez Sattori; a los revocados de Cochabamba, Mafred Reyes Villa y de Pando, Leopoldo Fernández, hoy preso en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz por la masacre de El Porvenir. Incluso al ex prefecto de La Paz, José Luis Paredes.
Los denunciados habrían incurrido en delitos de orden público que afectan bienes y recursos públicos administrados por las prefecturas, las acusaciones van desde el uso Indebido de Funciones (sanción de 2 a 8 años), Conducta Antieconómica (1 a 6 años), Contratos Lesivos al Estado (1 a 5 años), Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública (1 a 3 años), Incumplimiento de Deberes (1 mes a un año) e incluso tráfico de influencias.
Las cifras por las cuáles estas autoridades deben responder son millonarias, según nuestros cálculos, cerca de 400 millones de bolivianos fueron mal utilizados. Lo peor del caso es que estos recursos -en su mayoría- pertenecen a los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que fue una conquista del pueblo boliviano movilizado para arrancarle a las empresas transnacionales un pedazo del excedente petrolero, pero que lastimosamente está siendo mal utilizado por las prefecturas.
Además, se debe entender que las prefecturas se han convertido en feudos de quienes detentan el poder regional. Les sirven como fuente de empleo para sus militantes y para repartir las adjudicaciones de obras entre sus más allegados más cercanos. Siguiendo, las mismas prácticas de la exigencia de los “diezmos” para abultar sus billeteras.
Caso de prefectura de Manfred Reyes
Por irregularidades en 10 obras, la citada repartición estatal presentó denuncia formal ante la Fiscalía General por irregularidades en licitaciones, avance y fiscalización de obras públicas en la gestión del ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Hechos por los cuáles también se involucra a Jhonny Ferrel Soria Galvarro, Secretario General; Alvaro Javier Gutierrez Ostria y Gustavo Adolfo Aponte Zambrana, Secretario y ex Secretario Departamental Administrativo y Financiero; Ramón Oviedo Bellot, Secretario Departamental de Infraestructura; quienes participaron directamente de los procesos de contratación y ejecución de las obras adjudicadas.
Las 10 denuncias se refieren a obras recientemente concluidas con un deterioro prematuro bastante evidente; pagos irregulares desembolsados a personas y/o empresas encargadas de ejecutar obras licitadas por la Prefectura. Los nombres de las empresas contratadas, los montos de los contratos, los desembolsos realizados por la Prefectura en relación a las obras denunciadas, los porcentajes de avance físico y financiero, la modalidad de contratación, etc., han sido obtenidas de los Informes de Gestión Públicos elaborados por la Prefectura de Cochabamba en las gestiones 2006 y 2007 y de la información que por mandato de la ley dicha Institución remite al Ministerio de Hacienda.
•CASO 1. PAVIMENTADO EPIZANA – TOTORA Monto del contrato Bs.18.642.797,67
•CASO 2. CONSTRUCCION 140 ATAJADOS EN LAS COMUNIDADES DE AGUADA, KURUMAYU Y KURUMAYU CHICO Monto del contrato Bs.4.408.119,20
•CASO 3. CONSTRUCCION DE 105 ATAJADOS DISTRITO 6 – MUNICIPIO DE ANZALDO Monto del contrato Bs.4.799.667,42
•CASO 4. EMPEDRADO CLIZA – SANTA LUCIA -PRESA PATA – TOLATA Monto del Contrato Bs. 2.055.130,31
•CASO 5. MEJORAMIENTO Y EMPEDRADO SIPE SIPE – INCA RACAY Monto del Contrato Bs. 4.012.429,10
•CASO 6. MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL SACABAMBA – SIVINGANI (FASES I y II) Monto Total del contrato Bs.12.217.756,15
•CASO 7. CONST. PUENTE VEHICULAR KENA MARY Monto del contrato Bs.2.862.754,39
•CASO 8. APERTURA Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAMPA GRANDE – ARRAYAN Monto del contrato Bs.2.283.333,03
•CASO 9. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR GRAN CHACO Monto del contrato Bs.624.049,66
•CASO 10. EMPEDRADO CAMINO SAN MIGUEL – PUERTO SAN FRANCISCO Monto del contrato Bs.6.965.416,23
Beni, uso indebido de influencias
El 23 de abril de 2007 se formalizó la denuncia en contra del prefecto de Beni, Ernesto Suárez Sattori, por adecuarse su conducta al delito tipificado en el Art. 146 del Código Penal como Uso Indebido de Influencias, por haber nombrado como Directora de la Dirección del Servicio Departamental de Gestión Social del Beni (SEDEGES) a su esposa Ingrid Naneth Aponte Seoane, cargo que no es de libre nombramiento; un año después, el Fiscal General rechazó esta denuncia, permitiendo que se vulnere la normativa vigente de contratación de servidores públicos.
El Viceministerio de Transparencia presentó ante el Fiscal General, la documentación pertinente en la que se demuestra que esta designación no es de libre nombramiento porque corresponde seleccionar a un profesional del área social, considerando méritos, estudios especializados y capacidades. La esposa es veterinaria y no cumple con los requerimientos del cargo.
La acción del Fiscal es ultrapetita porque menciona cuestiones que no fueron denunciados. El Fiscal General, de manera oficiosa señala que los haberes que percibió la esposa del Prefecto del Beni , desde el mes de abril de 2006, fueron donados a diferentes instituciones sociales. Hecho, que no es óbice legal, para poder investigar y sancionar a funcionarios públicos.
Cabe mencionar que desde la fecha de notificación, 05/005/08, la investigación tuvo una duración de un año y ocho días; de los cuales, seis meses, el caso se mantuvo en el Despacho del Fiscal General.
Prefectura de Pando, Bs. 90 millones comprometidos
En Sucre también se formalizó denuncia contra el Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y seis actuales y ex funcionarios prefecturales por irregularidades cometidas en la contratación y ejecución de siete obras públicas, varias de las cuales eran financiadas con recursos del IDH.
Junto a Fernández están también acusados, Pedro Gomez Montero, Secretario General; Eldon Ribera Meireles, secretario de Administración y Finanzas, Erick Archondo Calderon de la Barca, Secretario de Desarrollo de Infraestructura y Obras Públicas; Eduardo Shimokawa Toranzo, ex Secretario de Desarrollo de Infraestructura y Obras Públicas; Oscar José Añez A., Secretario de Asuntos Juridicos y Haydy Tinta Flores, responsable de Area de Presupuesto y SISIN
Se estima un daño económico al Estado que debe ser ratificado por el Ministerio Público, asciende aproximadamente a Bs. 90.773.024 (noventa millones setecientos setenta y tres mil veinticuatro bolivianos).
El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción recibió varias denuncias de organizaciones sociales y representantes de diversas comunidades de Pando, respecto a irregularidades cometidas en la contratación y construcción deficiente de varios proyectos de inversión publica en ese departamento.
Las pruebas que se presentaron corresponden al Informe de Evaluación Técnica del Viceministerio, imágenes fotográficas y vídeo de las obras que originan la denuncia y contratos y procesos de contratación del SICOES.
Las obras que presentan irregularidades son las siguientes:
1) Pavimento rígido en el Pasaje San Francisco de Asís (Cobija). Obra concluida y entregada el año 2006, sin embargo a la fecha se encuentra con rajaduras e inhabilitada en un 85%.
2) Construcción Tribuna Deportiva Comunidad El Planchón (Provincia Manuripi). Obra que se encuentra completamente deteriorada antes de su conclusión que debía haber sido el año 2007 y actualmente en total estado de abandono.. Por otra parte se informó que el proceso de contratación duro tres días desde el inicio del proceso hasta la suscripción del contrato violando los plazos establecidos en el art. 20 (plazos) del D.S. 27328 y su Reglamento.
3) Construcción Campo Deportivo - Comunidad Buyuyo (Provincia Manuripi).-Cuyo gasto ejecutado según el Informe presentado por la Prefectura en la gestión 2006 es de Bs.117.316,23.- Obra deteriorada antes de su conclusión cuya construcción se encuentra en completo estado de abandono y deterioro.
4) Construcción Cancha Polifuncional – Comunidad El Chive (Provincia Manuripi). Cuyo gasto ejecutado según el Informe presentado por la Prefectura en la gestión 2006 es de Bs.158.644,78.- Obra en la que puede observar que fue concluida a finales del 2007 y presenta un deterioro prematuro por la pésima calidad del hormigón empleado.
5) Construcción Posta Sanitaria - Comunidad Villa Florida (Provincia Manuripi).-Cuyo gasto ejecutado es de Bs.127.412,22.- Obra inconclusa y en completado estado de abandono, en su interior han crecido plantas de considerable tamaño.
6) Centro de Capacitación de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Pando (Cobija). Obra inconclusa en completo estado de abandono desde aproximadamente un año atrás, hecho evidenciado además por la gran cantidad de plantas y árboles que han crecido al interior de la construcción.
7) En la gestión 2006, al amparo del D.S. 28610 Declaración de Emergencia Nacional, habría realizado cinco adquisiciones por excepción con recursos del IDH para la compra de camionetas doble cabina y maquinaria por un valor de Bs.88.067.805,73. Sin embargo el Art. 57º (Distribución del IDH), de la ley de Hidrocarburos, establece que “Todos los beneficiarios destinarán los recursos recibidos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo”. Hecho que no se cumplió al realizar la compra de estos activos ya que estas compras no están destinadas a lo establecido en el artículo citado de la ley de Hidrocarburos. Además se utilizaron recursos que estaban destinados a otras actividades incurriendo en MALVERSACION de esos recursos.
Tarija supuesta corrupción en 17 obras públicas
En Sucre también se formalizóla denuncia en contra de cinco funcionarios y autoridades de la Prefectura de Tarija por irregularidades cometidas en la contratación y ejecución de 17 obras públicas de las gestiones 2006 y 2007, que deberían beneficiar a comunidades campesinas con riego y caminos.
Los denunciados son el Prefecto de Tarija Mario Adel Cossío Cortez, el secretario General Mauricio Lea Plaza, la secretaria de Administración y Finanzas Elvira Guillén Paz de Colodro, y los ex funcionarios Arturo Atilio Lema Molina que ejerció el cargo de Secretario General y el ex secretario de Obras Públicas Esteban Manuel Villena Martinez.
El Ministerio Público debe investigar estos casos y llegar a la sanción penal y recuperación de recursos económicos estimados en más de 249 millones de bolivianos. Asimismo, espera que no incurra en retardación de justicia que provoque mayor daño al Estado y principalmente a los damnificados, campesinos que hasta la fecha esperan el beneficio de contar con sistemas de riego y acceso a caminos asfaltados.
Las denuncias fueron realizadas por varios representantes de comunidades que han sido perjudicadas en este departamento de Tarija, en este año, ante la Delegada Presidencial en Tarija, Celinda Sosa, quien derivó al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción toda la documentación recibida. En el proceso de recopilar información y verificar en el lugar las irregularidades, se encontró que algunas obras ni siquiera fueron iniciadas y las empresas constructoras ya recibieron más del 20% de anticipo.
En otras obras se observa la mala calidad de la ejecución porque ya presentan deterioro prematuro, como rajaduras, y otras son inservibles porque no cumplen con el objeto para el cual fueron construidas. Entre ellas, están las presas, los sistemas de riego y defensivos en ríos.
Asimismo, se encontró contradicciones y omisión de registro en el SICOES (Sistema de Contrataciones Estatales), dependiente del Ministerio de Hacienda, respecto al inicio de contrato, diseño final y otros que debían ser correctamente registrados, velando por la transparencia de las contrataciones.
Ahora corresponde al Ministerio Público cumplir con sus deberes constitucionales de promover la investigación de estos 17 casos denunciados por el Viceminsiterio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
LAS OBRAS
- Construcción del Velódromo departamental, Piscina olímpica
- Presa Huacata
- Presa El Molino
- Presa Calderas
- Defensivos Río bermejo Fase II
- Gaviones en el río Camacho
- Tramo Vial Cruce carretera Tarija – La Florida – Villanueva
- Construcción accesos al Puente San Pedro
- Puente Jarcas
- Construcción del camino Yesera – Río Pilaya
- Construcción sistema de riego Junacas – Alto España
- Construcción Puente sobre el río Mena
- Acueducto Chaco Seco
- Mejoramiento de sistema de riego Chocloca – Saladillo
Juicio de Responsabilidades contra el prefecto de Tarija Mario Cossio Cortez
El Fiscal General de la Nación, Mario Uribe, pidió al Congreso Nacional iniciar el proceso de Juicio de Responsabilidades en contra del Prefecto de Tarija Mario Cossío Cortez y de su tío, también ex prefecto de Tarija, Adel Cortez Maire, por los delitos de Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, por el proceso irregular de compra de motores para la generación eléctrica en Bermejo y Entre Ríos, equipo que nunca funcionó motivo y por el cuál ahora la Prefectura tiene que alquilar otros motores para distribuir electricidad.
El costo de esos motores es de 1.362.280,50 dólares. En base a este monto, la investigación deberá estimar el daño económico total al Estado, al que se deberá sumar el costo del alquiler de los otros motores, señaló la autoridad.
viernes, 17 de abril de 2009
Corrupción Prefectural
Corrupción prefectural enriquece a grupos de poder de la media luna
Mario Cossío, Leopoldo Fernandez y Manfred Reyes, deben responder ante la justicia por cerca de 400 millones de bolivianos que habrían sido ilegalmente utilizados en la adjudicación de decenas de obras. Esos recursos, provenían en su mayoría de los ingresos de exportación de gas.
Los denominados prefectos de la media luna se han visto involucrados en una serie de denuncias de corrupción presentadas hasta el año pasado por el entonces viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, hoy ministerio, a la Fiscalía General de la República, pero hasta la fecha no fueron esclarecidos y quedan como una muestra de cómo los gobiernos departamentales son utilizados por los resabios de los partidos neoliberales para el enriquecimiento ilícito de sus dirigentes.
Las decenas de denuncias involucran a los prefectos de Tarija, Mario Cossío Cortez, del Beni, Ernesto Suárez Sattori; a los revocados de Cochabamba, Mafred Reyes Villa y de Pando, Leopoldo Fernández, hoy preso en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz por la masacre de El Porvenir. Incluso al ex prefecto de La Paz, José Luis Paredes.
Los denunciados habrían incurrido en delitos de orden público que afectan bienes y recursos públicos administrados por las prefecturas, las acusaciones van desde el uso Indebido de Funciones (sanción de 2 a 8 años), Conducta Antieconómica (1 a 6 años), Contratos Lesivos al Estado (1 a 5 años), Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública (1 a 3 años), Incumplimiento de Deberes (1 mes a un año) e incluso tráfico de influencias.
Las cifras por las cuáles estas autoridades deben responder son millonarias, según nuestros cálculos, cerca de 400 millones de bolivianos fueron mal utilizados. Lo peor del caso es que estos recursos -en su mayoría- pertenecen a los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que fue una conquista del pueblo boliviano movilizado para arrancarle a las empresas transnacionales un pedazo del excedente petrolero, pero que lastimosamente está siendo mal utilizado por las prefecturas.
Además, se debe entender que las prefecturas se han convertido en feudos de quienes detentan el poder regional. Les sirven como fuente de empleo para sus militantes y para repartir las adjudicaciones de obras entre sus más allegados más cercanos. Siguiendo, las mismas prácticas de la exigencia de los “diezmos” para abultar sus billeteras.
Caso de prefectura de Manfred Reyes
Por irregularidades en 10 obras, la citada repartición estatal presentó denuncia formal ante la Fiscalía General por irregularidades en licitaciones, avance y fiscalización de obras públicas en la gestión del ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Hechos por los cuáles también se involucra a Jhonny Ferrel Soria Galvarro, Secretario General; Alvaro Javier Gutierrez Ostria y Gustavo Adolfo Aponte Zambrana, Secretario y ex Secretario Departamental Administrativo y Financiero; Ramón Oviedo Bellot, Secretario Departamental de Infraestructura; quienes participaron directamente de los procesos de contratación y ejecución de las obras adjudicadas.
Las 10 denuncias se refieren a obras recientemente concluidas con un deterioro prematuro bastante evidente; pagos irregulares desembolsados a personas y/o empresas encargadas de ejecutar obras licitadas por la Prefectura. Los nombres de las empresas contratadas, los montos de los contratos, los desembolsos realizados por la Prefectura en relación a las obras denunciadas, los porcentajes de avance físico y financiero, la modalidad de contratación, etc., han sido obtenidas de los Informes de Gestión Públicos elaborados por la Prefectura de Cochabamba en las gestiones 2006 y 2007 y de la información que por mandato de la ley dicha Institución remite al Ministerio de Hacienda.
•CASO 1. PAVIMENTADO EPIZANA – TOTORA Monto del contrato Bs.18.642.797,67
•CASO 2. CONSTRUCCION 140 ATAJADOS EN LAS COMUNIDADES DE AGUADA, KURUMAYU Y KURUMAYU CHICO Monto del contrato Bs.4.408.119,20
•CASO 3. CONSTRUCCION DE 105 ATAJADOS DISTRITO 6 – MUNICIPIO DE ANZALDO Monto del contrato Bs.4.799.667,42
•CASO 4. EMPEDRADO CLIZA – SANTA LUCIA -PRESA PATA – TOLATA Monto del Contrato Bs. 2.055.130,31
•CASO 5. MEJORAMIENTO Y EMPEDRADO SIPE SIPE – INCA RACAY Monto del Contrato Bs. 4.012.429,10
•CASO 6. MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL SACABAMBA – SIVINGANI (FASES I y II) Monto Total del contrato Bs.12.217.756,15
•CASO 7. CONST. PUENTE VEHICULAR KENA MARY Monto del contrato Bs.2.862.754,39
•CASO 8. APERTURA Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAMPA GRANDE – ARRAYAN Monto del contrato Bs.2.283.333,03
•CASO 9. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR GRAN CHACO Monto del contrato Bs.624.049,66
•CASO 10. EMPEDRADO CAMINO SAN MIGUEL – PUERTO SAN FRANCISCO Monto del contrato Bs.6.965.416,23
Beni, uso indebido de influencias
El 23 de abril de 2007 se formalizó la denuncia en contra del prefecto de Beni, Ernesto Suárez Sattori, por adecuarse su conducta al delito tipificado en el Art. 146 del Código Penal como Uso Indebido de Influencias, por haber nombrado como Directora de la Dirección del Servicio Departamental de Gestión Social del Beni (SEDEGES) a su esposa Ingrid Naneth Aponte Seoane, cargo que no es de libre nombramiento; un año después, el Fiscal General rechazó esta denuncia, permitiendo que se vulnere la normativa vigente de contratación de servidores públicos.
El Viceministerio de Transparencia presentó ante el Fiscal General, la documentación pertinente en la que se demuestra que esta designación no es de libre nombramiento porque corresponde seleccionar a un profesional del área social, considerando méritos, estudios especializados y capacidades. La esposa es veterinaria y no cumple con los requerimientos del cargo.
La acción del Fiscal es ultrapetita porque menciona cuestiones que no fueron denunciados. El Fiscal General, de manera oficiosa señala que los haberes que percibió la esposa del Prefecto del Beni , desde el mes de abril de 2006, fueron donados a diferentes instituciones sociales. Hecho, que no es óbice legal, para poder investigar y sancionar a funcionarios públicos.
Cabe mencionar que desde la fecha de notificación, 05/005/08, la investigación tuvo una duración de un año y ocho días; de los cuales, seis meses, el caso se mantuvo en el Despacho del Fiscal General.
Prefectura de Pando, Bs. 90 millones comprometidos
En Sucre también se formalizó denuncia contra el Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y seis actuales y ex funcionarios prefecturales por irregularidades cometidas en la contratación y ejecución de siete obras públicas, varias de las cuales eran financiadas con recursos del IDH.
Junto a Fernández están también acusados, Pedro Gomez Montero, Secretario General; Eldon Ribera Meireles, secretario de Administración y Finanzas, Erick Archondo Calderon de la Barca, Secretario de Desarrollo de Infraestructura y Obras Públicas; Eduardo Shimokawa Toranzo, ex Secretario de Desarrollo de Infraestructura y Obras Públicas; Oscar José Añez A., Secretario de Asuntos Juridicos y Haydy Tinta Flores, responsable de Area de Presupuesto y SISIN
Se estima un daño económico al Estado que debe ser ratificado por el Ministerio Público, asciende aproximadamente a Bs. 90.773.024 (noventa millones setecientos setenta y tres mil veinticuatro bolivianos).
El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción recibió varias denuncias de organizaciones sociales y representantes de diversas comunidades de Pando, respecto a irregularidades cometidas en la contratación y construcción deficiente de varios proyectos de inversión publica en ese departamento.
Las pruebas que se presentaron corresponden al Informe de Evaluación Técnica del Viceministerio, imágenes fotográficas y vídeo de las obras que originan la denuncia y contratos y procesos de contratación del SICOES.
Las obras que presentan irregularidades son las siguientes:
1) Pavimento rígido en el Pasaje San Francisco de Asís (Cobija). Obra concluida y entregada el año 2006, sin embargo a la fecha se encuentra con rajaduras e inhabilitada en un 85%.
2) Construcción Tribuna Deportiva Comunidad El Planchón (Provincia Manuripi). Obra que se encuentra completamente deteriorada antes de su conclusión que debía haber sido el año 2007 y actualmente en total estado de abandono.. Por otra parte se informó que el proceso de contratación duro tres días desde el inicio del proceso hasta la suscripción del contrato violando los plazos establecidos en el art. 20 (plazos) del D.S. 27328 y su Reglamento.
3) Construcción Campo Deportivo - Comunidad Buyuyo (Provincia Manuripi).-Cuyo gasto ejecutado según el Informe presentado por la Prefectura en la gestión 2006 es de Bs.117.316,23.- Obra deteriorada antes de su conclusión cuya construcción se encuentra en completo estado de abandono y deterioro.
4) Construcción Cancha Polifuncional – Comunidad El Chive (Provincia Manuripi). Cuyo gasto ejecutado según el Informe presentado por la Prefectura en la gestión 2006 es de Bs.158.644,78.- Obra en la que puede observar que fue concluida a finales del 2007 y presenta un deterioro prematuro por la pésima calidad del hormigón empleado.
5) Construcción Posta Sanitaria - Comunidad Villa Florida (Provincia Manuripi).-Cuyo gasto ejecutado es de Bs.127.412,22.- Obra inconclusa y en completado estado de abandono, en su interior han crecido plantas de considerable tamaño.
6) Centro de Capacitación de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Pando (Cobija). Obra inconclusa en completo estado de abandono desde aproximadamente un año atrás, hecho evidenciado además por la gran cantidad de plantas y árboles que han crecido al interior de la construcción.
7) En la gestión 2006, al amparo del D.S. 28610 Declaración de Emergencia Nacional, habría realizado cinco adquisiciones por excepción con recursos del IDH para la compra de camionetas doble cabina y maquinaria por un valor de Bs.88.067.805,73. Sin embargo el Art. 57º (Distribución del IDH), de la ley de Hidrocarburos, establece que “Todos los beneficiarios destinarán los recursos recibidos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo”. Hecho que no se cumplió al realizar la compra de estos activos ya que estas compras no están destinadas a lo establecido en el artículo citado de la ley de Hidrocarburos. Además se utilizaron recursos que estaban destinados a otras actividades incurriendo en MALVERSACION de esos recursos.
Tarija supuesta corrupción en 17 obras públicas
En Sucre también se formalizóla denuncia en contra de cinco funcionarios y autoridades de la Prefectura de Tarija por irregularidades cometidas en la contratación y ejecución de 17 obras públicas de las gestiones 2006 y 2007, que deberían beneficiar a comunidades campesinas con riego y caminos.
Los denunciados son el Prefecto de Tarija Mario Adel Cossío Cortez, el secretario General Mauricio Lea Plaza, la secretaria de Administración y Finanzas Elvira Guillén Paz de Colodro, y los ex funcionarios Arturo Atilio Lema Molina que ejerció el cargo de Secretario General y el ex secretario de Obras Públicas Esteban Manuel Villena Martinez.
El Ministerio Público debe investigar estos casos y llegar a la sanción penal y recuperación de recursos económicos estimados en más de 249 millones de bolivianos. Asimismo, espera que no incurra en retardación de justicia que provoque mayor daño al Estado y principalmente a los damnificados, campesinos que hasta la fecha esperan el beneficio de contar con sistemas de riego y acceso a caminos asfaltados.
Las denuncias fueron realizadas por varios representantes de comunidades que han sido perjudicadas en este departamento de Tarija, en este año, ante la Delegada Presidencial en Tarija, Celinda Sosa, quien derivó al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción toda la documentación recibida. En el proceso de recopilar información y verificar en el lugar las irregularidades, se encontró que algunas obras ni siquiera fueron iniciadas y las empresas constructoras ya recibieron más del 20% de anticipo.
En otras obras se observa la mala calidad de la ejecución porque ya presentan deterioro prematuro, como rajaduras, y otras son inservibles porque no cumplen con el objeto para el cual fueron construidas. Entre ellas, están las presas, los sistemas de riego y defensivos en ríos.
Asimismo, se encontró contradicciones y omisión de registro en el SICOES (Sistema de Contrataciones Estatales), dependiente del Ministerio de Hacienda, respecto al inicio de contrato, diseño final y otros que debían ser correctamente registrados, velando por la transparencia de las contrataciones.
Ahora corresponde al Ministerio Público cumplir con sus deberes constitucionales de promover la investigación de estos 17 casos denunciados por el Viceminsiterio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
LAS OBRAS
- Construcción del Velódromo departamental, Piscina olímpica
- Presa Huacata
- Presa El Molino
- Presa Calderas
- Defensivos Río bermejo Fase II
- Gaviones en el río Camacho
- Tramo Vial Cruce carretera Tarija – La Florida – Villanueva
- Construcción accesos al Puente |San Pedro
- Puente Jarcas
- Construcción del camino Yesera – Río Pilaya
- Construcción sistema de riego Junacas – Alto España
- Construcción Puente sobre el río Mena
- Acueducto Chaco Seco
- Mejoramiento de sistema de riego Chocloca – Saladillo
Juicio de Responsabilidades contra el prefecto de Tarija Mario Cossio Cortez
El Fiscal General de la Nación, Mario Uribe, pidió al Congreso Nacional iniciar el proceso de Juicio de Responsabilidades en contra del Prefecto de Tarija Mario Cossío Cortez y de su tío, también ex prefecto de Tarija, Adel Cortez Maire, por los delitos de Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, por el proceso irregular de compra de motores para la generación eléctrica en Bermejo y Entre Ríos, equipo que nunca funcionó motivo y por el cuál ahora la Prefectura tiene que alquilar otros motores para distribuir electricidad.
El costo de esos motores es de 1.362.280,50 dólares. En base a este monto, la investigación deberá estimar el daño económico total al Estado, al que se deberá sumar el costo del alquiler de los otros motores, señaló la autoridad.
Mario Cossío, Leopoldo Fernandez y Manfred Reyes, deben responder ante la justicia por cerca de 400 millones de bolivianos que habrían sido ilegalmente utilizados en la adjudicación de decenas de obras. Esos recursos, provenían en su mayoría de los ingresos de exportación de gas.
Los denominados prefectos de la media luna se han visto involucrados en una serie de denuncias de corrupción presentadas hasta el año pasado por el entonces viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, hoy ministerio, a la Fiscalía General de la República, pero hasta la fecha no fueron esclarecidos y quedan como una muestra de cómo los gobiernos departamentales son utilizados por los resabios de los partidos neoliberales para el enriquecimiento ilícito de sus dirigentes.
Las decenas de denuncias involucran a los prefectos de Tarija, Mario Cossío Cortez, del Beni, Ernesto Suárez Sattori; a los revocados de Cochabamba, Mafred Reyes Villa y de Pando, Leopoldo Fernández, hoy preso en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz por la masacre de El Porvenir. Incluso al ex prefecto de La Paz, José Luis Paredes.
Los denunciados habrían incurrido en delitos de orden público que afectan bienes y recursos públicos administrados por las prefecturas, las acusaciones van desde el uso Indebido de Funciones (sanción de 2 a 8 años), Conducta Antieconómica (1 a 6 años), Contratos Lesivos al Estado (1 a 5 años), Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública (1 a 3 años), Incumplimiento de Deberes (1 mes a un año) e incluso tráfico de influencias.
Las cifras por las cuáles estas autoridades deben responder son millonarias, según nuestros cálculos, cerca de 400 millones de bolivianos fueron mal utilizados. Lo peor del caso es que estos recursos -en su mayoría- pertenecen a los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que fue una conquista del pueblo boliviano movilizado para arrancarle a las empresas transnacionales un pedazo del excedente petrolero, pero que lastimosamente está siendo mal utilizado por las prefecturas.
Además, se debe entender que las prefecturas se han convertido en feudos de quienes detentan el poder regional. Les sirven como fuente de empleo para sus militantes y para repartir las adjudicaciones de obras entre sus más allegados más cercanos. Siguiendo, las mismas prácticas de la exigencia de los “diezmos” para abultar sus billeteras.
Caso de prefectura de Manfred Reyes
Por irregularidades en 10 obras, la citada repartición estatal presentó denuncia formal ante la Fiscalía General por irregularidades en licitaciones, avance y fiscalización de obras públicas en la gestión del ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Hechos por los cuáles también se involucra a Jhonny Ferrel Soria Galvarro, Secretario General; Alvaro Javier Gutierrez Ostria y Gustavo Adolfo Aponte Zambrana, Secretario y ex Secretario Departamental Administrativo y Financiero; Ramón Oviedo Bellot, Secretario Departamental de Infraestructura; quienes participaron directamente de los procesos de contratación y ejecución de las obras adjudicadas.
Las 10 denuncias se refieren a obras recientemente concluidas con un deterioro prematuro bastante evidente; pagos irregulares desembolsados a personas y/o empresas encargadas de ejecutar obras licitadas por la Prefectura. Los nombres de las empresas contratadas, los montos de los contratos, los desembolsos realizados por la Prefectura en relación a las obras denunciadas, los porcentajes de avance físico y financiero, la modalidad de contratación, etc., han sido obtenidas de los Informes de Gestión Públicos elaborados por la Prefectura de Cochabamba en las gestiones 2006 y 2007 y de la información que por mandato de la ley dicha Institución remite al Ministerio de Hacienda.
•CASO 1. PAVIMENTADO EPIZANA – TOTORA Monto del contrato Bs.18.642.797,67
•CASO 2. CONSTRUCCION 140 ATAJADOS EN LAS COMUNIDADES DE AGUADA, KURUMAYU Y KURUMAYU CHICO Monto del contrato Bs.4.408.119,20
•CASO 3. CONSTRUCCION DE 105 ATAJADOS DISTRITO 6 – MUNICIPIO DE ANZALDO Monto del contrato Bs.4.799.667,42
•CASO 4. EMPEDRADO CLIZA – SANTA LUCIA -PRESA PATA – TOLATA Monto del Contrato Bs. 2.055.130,31
•CASO 5. MEJORAMIENTO Y EMPEDRADO SIPE SIPE – INCA RACAY Monto del Contrato Bs. 4.012.429,10
•CASO 6. MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL SACABAMBA – SIVINGANI (FASES I y II) Monto Total del contrato Bs.12.217.756,15
•CASO 7. CONST. PUENTE VEHICULAR KENA MARY Monto del contrato Bs.2.862.754,39
•CASO 8. APERTURA Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAMPA GRANDE – ARRAYAN Monto del contrato Bs.2.283.333,03
•CASO 9. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR GRAN CHACO Monto del contrato Bs.624.049,66
•CASO 10. EMPEDRADO CAMINO SAN MIGUEL – PUERTO SAN FRANCISCO Monto del contrato Bs.6.965.416,23
Beni, uso indebido de influencias
El 23 de abril de 2007 se formalizó la denuncia en contra del prefecto de Beni, Ernesto Suárez Sattori, por adecuarse su conducta al delito tipificado en el Art. 146 del Código Penal como Uso Indebido de Influencias, por haber nombrado como Directora de la Dirección del Servicio Departamental de Gestión Social del Beni (SEDEGES) a su esposa Ingrid Naneth Aponte Seoane, cargo que no es de libre nombramiento; un año después, el Fiscal General rechazó esta denuncia, permitiendo que se vulnere la normativa vigente de contratación de servidores públicos.
El Viceministerio de Transparencia presentó ante el Fiscal General, la documentación pertinente en la que se demuestra que esta designación no es de libre nombramiento porque corresponde seleccionar a un profesional del área social, considerando méritos, estudios especializados y capacidades. La esposa es veterinaria y no cumple con los requerimientos del cargo.
La acción del Fiscal es ultrapetita porque menciona cuestiones que no fueron denunciados. El Fiscal General, de manera oficiosa señala que los haberes que percibió la esposa del Prefecto del Beni , desde el mes de abril de 2006, fueron donados a diferentes instituciones sociales. Hecho, que no es óbice legal, para poder investigar y sancionar a funcionarios públicos.
Cabe mencionar que desde la fecha de notificación, 05/005/08, la investigación tuvo una duración de un año y ocho días; de los cuales, seis meses, el caso se mantuvo en el Despacho del Fiscal General.
Prefectura de Pando, Bs. 90 millones comprometidos
En Sucre también se formalizó denuncia contra el Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y seis actuales y ex funcionarios prefecturales por irregularidades cometidas en la contratación y ejecución de siete obras públicas, varias de las cuales eran financiadas con recursos del IDH.
Junto a Fernández están también acusados, Pedro Gomez Montero, Secretario General; Eldon Ribera Meireles, secretario de Administración y Finanzas, Erick Archondo Calderon de la Barca, Secretario de Desarrollo de Infraestructura y Obras Públicas; Eduardo Shimokawa Toranzo, ex Secretario de Desarrollo de Infraestructura y Obras Públicas; Oscar José Añez A., Secretario de Asuntos Juridicos y Haydy Tinta Flores, responsable de Area de Presupuesto y SISIN
Se estima un daño económico al Estado que debe ser ratificado por el Ministerio Público, asciende aproximadamente a Bs. 90.773.024 (noventa millones setecientos setenta y tres mil veinticuatro bolivianos).
El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción recibió varias denuncias de organizaciones sociales y representantes de diversas comunidades de Pando, respecto a irregularidades cometidas en la contratación y construcción deficiente de varios proyectos de inversión publica en ese departamento.
Las pruebas que se presentaron corresponden al Informe de Evaluación Técnica del Viceministerio, imágenes fotográficas y vídeo de las obras que originan la denuncia y contratos y procesos de contratación del SICOES.
Las obras que presentan irregularidades son las siguientes:
1) Pavimento rígido en el Pasaje San Francisco de Asís (Cobija). Obra concluida y entregada el año 2006, sin embargo a la fecha se encuentra con rajaduras e inhabilitada en un 85%.
2) Construcción Tribuna Deportiva Comunidad El Planchón (Provincia Manuripi). Obra que se encuentra completamente deteriorada antes de su conclusión que debía haber sido el año 2007 y actualmente en total estado de abandono.. Por otra parte se informó que el proceso de contratación duro tres días desde el inicio del proceso hasta la suscripción del contrato violando los plazos establecidos en el art. 20 (plazos) del D.S. 27328 y su Reglamento.
3) Construcción Campo Deportivo - Comunidad Buyuyo (Provincia Manuripi).-Cuyo gasto ejecutado según el Informe presentado por la Prefectura en la gestión 2006 es de Bs.117.316,23.- Obra deteriorada antes de su conclusión cuya construcción se encuentra en completo estado de abandono y deterioro.
4) Construcción Cancha Polifuncional – Comunidad El Chive (Provincia Manuripi). Cuyo gasto ejecutado según el Informe presentado por la Prefectura en la gestión 2006 es de Bs.158.644,78.- Obra en la que puede observar que fue concluida a finales del 2007 y presenta un deterioro prematuro por la pésima calidad del hormigón empleado.
5) Construcción Posta Sanitaria - Comunidad Villa Florida (Provincia Manuripi).-Cuyo gasto ejecutado es de Bs.127.412,22.- Obra inconclusa y en completado estado de abandono, en su interior han crecido plantas de considerable tamaño.
6) Centro de Capacitación de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Pando (Cobija). Obra inconclusa en completo estado de abandono desde aproximadamente un año atrás, hecho evidenciado además por la gran cantidad de plantas y árboles que han crecido al interior de la construcción.
7) En la gestión 2006, al amparo del D.S. 28610 Declaración de Emergencia Nacional, habría realizado cinco adquisiciones por excepción con recursos del IDH para la compra de camionetas doble cabina y maquinaria por un valor de Bs.88.067.805,73. Sin embargo el Art. 57º (Distribución del IDH), de la ley de Hidrocarburos, establece que “Todos los beneficiarios destinarán los recursos recibidos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo”. Hecho que no se cumplió al realizar la compra de estos activos ya que estas compras no están destinadas a lo establecido en el artículo citado de la ley de Hidrocarburos. Además se utilizaron recursos que estaban destinados a otras actividades incurriendo en MALVERSACION de esos recursos.
Tarija supuesta corrupción en 17 obras públicas
En Sucre también se formalizóla denuncia en contra de cinco funcionarios y autoridades de la Prefectura de Tarija por irregularidades cometidas en la contratación y ejecución de 17 obras públicas de las gestiones 2006 y 2007, que deberían beneficiar a comunidades campesinas con riego y caminos.
Los denunciados son el Prefecto de Tarija Mario Adel Cossío Cortez, el secretario General Mauricio Lea Plaza, la secretaria de Administración y Finanzas Elvira Guillén Paz de Colodro, y los ex funcionarios Arturo Atilio Lema Molina que ejerció el cargo de Secretario General y el ex secretario de Obras Públicas Esteban Manuel Villena Martinez.
El Ministerio Público debe investigar estos casos y llegar a la sanción penal y recuperación de recursos económicos estimados en más de 249 millones de bolivianos. Asimismo, espera que no incurra en retardación de justicia que provoque mayor daño al Estado y principalmente a los damnificados, campesinos que hasta la fecha esperan el beneficio de contar con sistemas de riego y acceso a caminos asfaltados.
Las denuncias fueron realizadas por varios representantes de comunidades que han sido perjudicadas en este departamento de Tarija, en este año, ante la Delegada Presidencial en Tarija, Celinda Sosa, quien derivó al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción toda la documentación recibida. En el proceso de recopilar información y verificar en el lugar las irregularidades, se encontró que algunas obras ni siquiera fueron iniciadas y las empresas constructoras ya recibieron más del 20% de anticipo.
En otras obras se observa la mala calidad de la ejecución porque ya presentan deterioro prematuro, como rajaduras, y otras son inservibles porque no cumplen con el objeto para el cual fueron construidas. Entre ellas, están las presas, los sistemas de riego y defensivos en ríos.
Asimismo, se encontró contradicciones y omisión de registro en el SICOES (Sistema de Contrataciones Estatales), dependiente del Ministerio de Hacienda, respecto al inicio de contrato, diseño final y otros que debían ser correctamente registrados, velando por la transparencia de las contrataciones.
Ahora corresponde al Ministerio Público cumplir con sus deberes constitucionales de promover la investigación de estos 17 casos denunciados por el Viceminsiterio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
LAS OBRAS
- Construcción del Velódromo departamental, Piscina olímpica
- Presa Huacata
- Presa El Molino
- Presa Calderas
- Defensivos Río bermejo Fase II
- Gaviones en el río Camacho
- Tramo Vial Cruce carretera Tarija – La Florida – Villanueva
- Construcción accesos al Puente |San Pedro
- Puente Jarcas
- Construcción del camino Yesera – Río Pilaya
- Construcción sistema de riego Junacas – Alto España
- Construcción Puente sobre el río Mena
- Acueducto Chaco Seco
- Mejoramiento de sistema de riego Chocloca – Saladillo
Juicio de Responsabilidades contra el prefecto de Tarija Mario Cossio Cortez
El Fiscal General de la Nación, Mario Uribe, pidió al Congreso Nacional iniciar el proceso de Juicio de Responsabilidades en contra del Prefecto de Tarija Mario Cossío Cortez y de su tío, también ex prefecto de Tarija, Adel Cortez Maire, por los delitos de Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, por el proceso irregular de compra de motores para la generación eléctrica en Bermejo y Entre Ríos, equipo que nunca funcionó motivo y por el cuál ahora la Prefectura tiene que alquilar otros motores para distribuir electricidad.
El costo de esos motores es de 1.362.280,50 dólares. En base a este monto, la investigación deberá estimar el daño económico total al Estado, al que se deberá sumar el costo del alquiler de los otros motores, señaló la autoridad.
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