Nelson Vila Santos
El megacampo gasífero Incahuasi disputado por las regiones
de Santa Cruz y Chuquisaca pertenece en un 90% a las empresas transnacionales.
El paquete accionario está dividido entre la francesa Total con un 50%, la rusa
Gazprom con 20%, la ítalo argentina TECPETROL con 10% y por último la subsidiaria
boliviana YPFB Chaco con el 10 %, según la información oficial difundida por
medios nacionales. El agravante es que este enfrentamiento podría afectar la unidad
del país en torno al rechazo a la reelección presidencial, cuyo éxito se plasmó
el pasado 21 de febrero en un gran paro movilizado.
El caso
de Incahuasi tomó relevancia nacional luego de que gobierno plurinacional, por
medio del ministro de la Presidencia Alfredo Rada y el viceministro de
Autonomías Hugo Siles, aprobara una resolución administrativa que altera los
límites entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, causando una gran
confusión y, principalmente, el congelamiento en el cobro de regalías por la explotación
de gas, gracias a una determinación de Tribunal Constitucional en espera a
definir los límites entre ambos departamentos.
El
congelamiento en el pago de regalías, estaría afectando los ingresos de los
cruceños, hasta el punto de asfixiarlos, con la consiguiente paralización de
obras y el impago de sueldos. La gobernación cruceña, en defensa de sus
intereses, inició un proceso judicial a las citadas autoridades, sin embargo
las mismas niegan tal extremo y con datos del Ministerio de Economía aseveran
que no hay afectación a sus cuentas y motivos para la paralización de la obras.
En esas circunstancias, el
problema se circunscribió al tema económico y de límites, que enfrenta a los
departamentos hermanos de Santa Cruz y Chuquisaca, que podría ahondarse cuando
el gobernador cruceño Rubén Costas asevera “No hay nada que negociar (con
Chuquisaca), no vamos a dejar que se apropien de ningún metro, ni de ningún
volumen de nuestros recurso”.
Ante la pasividad de la
gobernación de Chuquisaca, la Central Obrera Departamental de la región tomó la
iniciativa y anuncia movilizaciones desde esta semana para defender su
patrimonio. Juan José Bonifaz, de los cívicos chuquisaqueños, según el Correo
del Sur, aclara que el gobierno de Evo Morales “se juega por Santa Cruz”.
“Ustedes saben que Santa Cruz tiene peso y Chuquisaca ha perdido todo peso,
entonces hay que apostar por el fuerte y hay que debilitar más al débil, esa es
la política del Gobierno", añadió.
Entre tanto, YPFB anuncia que se hará en el breve plazo un nuevo estudio, en contrapartida en Chuquisaca y Santa Cruz se organizan nuevas movilizaciones de los colectivos ciudadanos, universitarios, trabajadores y otros sectores para defender su patrimonio pero ¿qué se oculta detrás?
Incahuasi
de las petroleras
El problema
económico de Santa Cruz y su disputa sobre la delimitación administrativa con
Chuquisaca, además de los problemas internos y los virajes gubernamentales en
pos de aliarse con los círculos de poder cruceños, encierra una gran verdad
sobre la industria gasífera del país que no se la menciona públicamente pero se
la conoce.
El disputado megacampo de Incahuasi no es de propiedad de
los bolivianos, en un 90 % es de las transnacionales. Un ciudadano de a pie nos
diría “pero no que estaba nacionalizada la industria petrolera del país”.
Nosotros le responderíamos que, lamentablemente, está completamente equivocado.
Y él con justa razón nos pediría una explicación y es la siguiente.
En
realidad en Bolivia no hubo una nacionalización de los hidrocarburos como
ocurrió en 1937 o 1969, en octubre de 2006 el gobierno de Evo Morales, sin
tomar en cuenta las auditorías petroleras, autorizadas por el Ejecutivo, que
denunciaban la nefasta presencia de las petroleras entre 1996 y 2006, firmó
nuevos contratos con las transnacionales perdonándoles un sinfín de
irregularidades, incluso muchas de ellas rayaban en el delito.
La propiedad accionaria de
Incahuasi revela también que la “política hidrocarburífera” de “Socios y no
patrones” tan difundida por el gobierno no es cierta. Nos preguntamos ¿Si una
empresa o empresas tienen el 90% de las acciones de un megacampo, es/son socia/s
o es/son patrona/s? La respuesta salta a la vista.
No debemos olvidar que cuando se
firmaron los contratos con las transnacionales, el vicepresidente Alvaro García
Linera recalcó que las empresas transnacionales serían no serían dueñas sino
operadoras, es decir, nuestras “empleadas”, que trabajarían para nosotros y
sólo les pagaríamos sus gastos de operación. Hasta el momento hay 3,200
millones de dólares en gastos de operación que están en disputa y al paso que
vamos el Estado deberá cumplir con esa deuda. En este momento de crisis, ¿de
dónde sacarán esos recursos?, esa es la gran pregunta.
La política de “socios y no
patrones” se asemeja a la emprendida por el ex presidente del MNR, Gonzalo
Sánchez de Lozada (1993-1997) en el proceso de capitalización (privatización)
de las empresas estratégicas que apuntalaba la necesidad de conseguir un “socio
estratégico” para explotar el gran poder hidrocarburífero del país. ¿Han
cambiado los actores pero no los mecanismos del saqueo?
Un pequeño repaso a la cantidad
de empresas transnacionales y su propiedad sobre los recursos gasíferos nos
develan que el 85% de la actividad de hidrocarburífera está en manos de las
transnacionales. Una muestra palpable de que no hay nacionalización, principal
propuesta electoral y de gobierno repetida por los medios informativos en
millonarias campañas que no consiguen convencer a la población desde el 1 de
mayo de 2006.
División y enfrentamiento
La disputa por Incahuasi por
regalías entre dos regiones, hace palpable tres temas. El primero, que ninguno
de los representantes de ambas regiones, tanto autoridades como cívicos, tiene en cuenta la enajenación del
patrimonio nacional y que la pelea interna encubre una realidad nacional que
nos está llevando al colapso económico y la división.
Segundo, que vivimos en una economía rentistas que sólo vive de la venta de recursos naturales y dichos recursos son utilizados por las élites regionales para su propio beneficio, sin importarles si hay o no un plan de desarrollo departamental y si este engrana con otro de desarrollo nacional. Los más perjudicados son los ciudadanos de a pie de esas regiones por esta falta de planificación. Además de no podemos dejar de mencionar que la exigencia de las provincias productoras de gas de Santa Cruz por una redistribución de las regalías hidrocarburíferas, e incluso su manejo directo, hace de este conflicto un caldo de cultivo perfecto para el enfrentamiento interno. Lo mismo ocurre en otros departamentos.
Y por último, al enfrentar a dos
regiones tan emblemáticas en la historia nacional (Chuquisca y Santa Cruz), se
disuelva el pedido justo de evitar la reelección presidencial. Costas con sus
declaraciones sólo ha demostrado estar más cerca del gobierno plurinacional que
de las aspiraciones departamentales y nacionales. ¿Su deseo de ser candidato
presidencial, con su postura, se diluyen dramáticamente? Asimismo, ¿la postura
de los chuquisaqueños va en la misma tesitura: pelear por las ramas y no por el
tronco y raíces de la solución del problema? Ambas posturas, ¿serán la punta de
lanza para quebrar la lucha contra la repostulación? ¿Es una de las estrategias
del gobierno plurinacional?
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